Agregó que es un proceso que está muy retrasado y alertó sobre un riesgo “inminente” de que muchas de las personas que se desmovilizaron vuelvan a la insurgencia por no tener “ninguna alternativa de empleo, de autogestión o autoayuda”.
Con esto no se estaría cumpliendo efectivamente la reincorporación a la vida civil porque el proceso se redujo a lo que cada uno de los 14.000 exguerrilleros “haga lo que pueda hacer con los $8 millones individuales que les están entregando”.
Para Acosta, el tribunal y las salas de la Justicia Especial para la Paz (JEP) serán “parcializadas” porque están siendo conformadas por “exmagistrados y exjueces de diferentes estamentos de las Fuerzas Militares”.
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También afirmó que “sería el fin” si gana el no en la discusión de la Corte Constitucional que evalúa la posibilidad legal de que las Farc puedan hacer política. En esa misma línea asegura que le preocupa una posible reducción de las “16 zonas electorales creadas en el acuerdo final para fortalecer la participación política y democrática de los territorios abandonados”.
Acosta finalizó advirtiendo que las “medidas de seguridad son nulas” porque hay grupos “diseminados por el área rural, asesinando líderes y miembros de organizaciones sociales contestatarias”.
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