Las cárceles inspeccionadas se encuentran en departamentos como  Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Córdoba, Meta, Nariño, Santander, Norte de Santander y Risaralda. Según el ente de control, el estado de estos centros está en contra de lo dispuesto en la Constitución de 1991.

Las conclusiones de las visitas hechas quedaron consignadas en un informe, replicado por CM&, en el que se enfatiza en que no se cumple con la denominada Fórmula de Equilibrio Decreciente, que se traduce en que solo ingresa el personal a un centro de reclusión cuando se retira un número menor o igual de reclusos.

“(…) Sólo en el Complejo Carcelario de Cúcuta hubo un descenso en el número de internos recluidos”, asegura el informe, y aclara que en “todos los (demás) establecimientos visitados registran sobrepoblación”.

Sumado a esto, dice, en las 29 cárceles que visitó la Contraloría el promedio de hacinamiento es del 150 %; y se reportaron casos denominados como “alarmantes” en algunos de los patios, en los que el porcentaje llegó a 200 %.

Otra de las preocupaciones señaladas en el informe es que en buena parte de las cárceles del país no se pueden diferenciar a las personas condenadas de las sindicadas. Los únicos centros que sí estarían cumpliendo con esta norma de la Corte Constitucional son los de Popayán; La Picota, en Bogotá; y en Cúcuta.

El informe concluye con un llamado a revisar los sistemas de alcantarillado porque “no fueron diseñados para el volumen de usuarios” que los requieren.

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