Se trata de María Victoria Guarín, de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por su sigla en inglés), firma que “estructuró las condiciones para determinar quién podía participar –y quién no- en una de las más grandes licitaciones de la historia de Colombia”.
Así lo asegura el columnista de la revista Semana Daniel Coronell, quien revela información sobre ella que se dio a conocer en una de las ‘audiencias de aclaraciones’ de la adjudicación en el año 2009, a la que asistió el ministro de Transporte de la época, Andrés Uriel Gallego (fallecido).
Guarín era esposa de Diego Solano, Vicepresidente del Grupo Aval, (empresa del Grupo Sarmiento Angulo) que a través de Corficolombiana, estaba preparando propuesta para la Ruta del Sol.
El presunto conflicto de intereses fue denunciado a través de un anónimo, que Gallego minimizó.
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“Eso depende de cuántos años de casada, bueno eso se debe tratar. No tiene que ser de anónimos ni llevado a los medios de comunicación, aquí la tratamos”, dijo Gallego, según documento citado por Coronell. Gallego ni el gobierno Uribe hicieron algo.
La misma Guarín, en representación de IFC, lideró la inversión de 150 millones de dólares en la firma Pacific Infrastructure, que fue usada para entrar a Colombia, al menos, 2 millones de dólares, de los 6,5 usados para pagar sobornos para la adjudicación de la Ruta del Sol, agrega Coronell.
La información sobre el conflicto de interés también fue dada a conocer a la Procuraduría de Alejandro Ordóñez, pero terminó engavetada.
La semana pasada la también columnista de la revista Semana María Jimena Duzán aseguró que la Fiscalía General de la Nación tenía una declaración juramentada por 3 funcionarios brasileños en la que uno de ellos afirmaba que Corficolombiana se habría asociado (‘hecho vaca’) con la constructora Odebrecht para el pago de sobornos.
Un ejecutivo de la constructora brasileña —según dicho documento— presuntamente informó al presidente de Corficolombiana (la empresa de Sarmiento Angulo), José Elías Melo, sobre la exigencia de 6,5 millones de dólares que hizo el viceministro de Transporte del gobierno de Álvaro Uribe en el 2009, Gabriel García, para la adjudicación de la obra de la Ruta del Sol 2.
La empresa del Grupo Sarmiento Angulo negó la acusación y agregó que serían los jueces de la República los que deberían decidir si se podía considerar víctima en el caso, como lo solicitó.
En un conunicado de prensa publicado en la cuenta de uno de sus voceros, IFC dijo que desde agosto del 2009 informó que la señora Guarín era esposa de un alto ejecutivo del Grupo Aval.
“En septiembre de 2009, en una audiencia pública, el gobierno de Colombia informó sobte este tema a los eventuales postores. Ninguno de los potenciales interesados presentes en la audiencia realizó objeciones al respecto y tampoco IFC fue informado de objeciones posteriormente“, dice el comunicado.
En al menos 3 puntos del comunicado IFC presenta un papel marginal de la señora Guarín en la estructuración de la Ruta del Sol: “fue miembro de un extenso equipo de IFC, en el cual no tuvo rol gerencial o de dirección… no tuvo ninguna participación en la etapa de evaluación de ofertas“, ni en el comité asesor en las consultas relativas a los pliegos de licitación que creó el Gobierno y el que se le pidió a IFC participar.
IFC no respondió el cargo de su propiedad en de un porcentaje en la firma Pacific Infrastructure, señalada de ingresar a Colombia 2 millones de dólares usados para los sobornos de Odebrecht.
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