El ente acusador aseguró que tiene pruebas sobre la colaboración del general con el exjefe paramilitar Carlos Castaño y las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en los hechos que le costaron la vida a por lo menos 49 personas de ese pueblo al que consideraban auxiliador de la guerrilla, indicaron varios medios.
La Fiscalía afirmó que los paramilitares despegaron de un aeropuerto controlado por la fuerza pública en la región del Urabá, donde Del Río tenía jurisdicción militar, y aterrizaron en el Meta para perpetrar la Masacre, declarada como crimen de lesa humanidad por ser un ataque sistemático y generalizado en contra de la población civil, afirmó Semana.
Pero ese no fue el único caso, pues según el documento de la Unidad de derechos Humanos, Del Río “aprovechó, su investidura como comandante de la Brigada XVII del Ejército Nacional, para concertar y prestar apoyo y respaldo a los paramilitares, en la perpetración de múltiples delitos de homicidios, torturas, desapariciones forzadas y otros”.
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Los testimonios de exparamilitares en los que se basa la Fiscalía señalan al general retirado de prestar todo tipo de ayuda a estos grupos ilegales, en especial para sus desplazamientos de entre Meta y Guaviare. Por eso, fue acusado por los delitos de homicidio agravado, secuestro agravado, concierto para delinquir agravado y terrorismo, agregó Blu Radio.
Sin embargo, la medida de aseguramiento no podrá hacerse efectiva y Del Río podrá continuar en libertad luego de someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Este proceso se suma a las condenas que enfrenta el general por varios casos de falsos positivos y por el asesinato del campesino Marino López Mena, en febrero de 1997, en Chocó. El atroz crimen también fue perpetrado por las autodefensas y es tristemente recordado porque los paramilitares le cortaron los brazos y la cabeza a López Mena y jugaron fútbol con ella frente a los otros pobladores, recuerda el portal Verdad Abierta.
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