Néstor Humberto Martínez y los mandatarios de las principales ciudades del país, agremiados en Asocapitales, aseguran que el 20 % de las personas que han salido de los centros de reclusión por vencimiento de términos, han reincidido en delitos relacionados con el hurto, “es decir, salieron de los centros de reclusión a delinquir, no para servir a las comunidades”, aseguró el Fiscal.

El jefe del ente acusador afirmó que “las leyes 1760 [de 2015] y 1786 [de 2016] cuya derogatoria reclaman los señores alcaldes, realmente tienen una correlación con el incremento de la inseguridad en las principales ciudades del país”, y por eso pidió “replantearlas”.

Los alcaldes, por su parte, sostienen que el hurto incide en un 30 % del total de las denuncias en este año, por lo que es uno de los delitos que más afecta a los ciudadanos y se ha aumentado en al menos 18 ciudades capitales, en comparación con el año anterior.

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Los mandatarios dicen que “capturarlos nuevamente se ha convertido en un desgaste”. Además le solicitaron al Gobierno y a la Fiscalía georreferenciar en cada ciudad las zonas donde más se cometen robos, para adelantar intervenciones integrales con todas las instituciones.

También buscan la creación de equipos interdisciplinarios para judicializar a los reincidentes, y establecer mecanismos para lograr la detección temprana de las organizaciones criminales.

Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá y vocero de Asocapitales, señaló que se necesita “una política de lucha contra el crimen más fuerte, que evite que se incrementen los hurtos en las ciudades”, y que para mejorar los niveles de seguridad se debe enfrentar la impunidad.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sostuvo: “Respetamos los jueces y las leyes, pero nos preocupa la seguridad de los ciudadanos, nos preocupa ver que gente que ha entrado a la cárcel por delitos hoy estén por fuera cometiendo graves delitos, claro que los procesos deben seguir, pero dentro de la cárcel”.

Los alcaldes enfatizaron en que la política criminal en materia de drogas no puede debilitarse, sobre todo con quienes la venden a menores de edad, y poner especial atención al aumento del consumo de drogas sintéticas. Aseguran que a esas organizaciones criminales deben atacar el ciclo del narcotráfico desde la producción, distribución, comercialización y flujo de capitales.

El Gobierno, por su parte, desmintió esas cifras y aseguró que la que no está cumpliendo su trabajo es la Fiscalía, y que no considera derogar estas leyes, indicó el viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa.

 

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