La razón de esta solicitud, según expone Londoño Echeverry en una carta que le envió a Bensouda, es poner en conocimiento de ese tribunal internacional (que conoce de los crímenes de guerra y de lesa humanidad) la decisión de la Corte Constitucional de declarar no ajustadas a la Carta colombiana varias disposiciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), “creando una serie de situaciones realmente preocupantes”.
Para Londoño Echeverry y para la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), “conforme con la jurisprudencia internacional sobre la materia, el fallo de la Corte colombiana abre las puertas a la impunidad, en una clara burla a los derechos de las víctimas”.
Esto, asegura, porque la sentencia de la Corte excluyó de la obligatoriedad de someterse a la JEP a agentes estatales no militares y a terceros responsables de graves crímenes, dejando su juzgamiento a la justicia ordinaria.
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En ese sentido, Londoño Echeverry también anuncia que la Farc decidió radicar el Acuerdo Final firmado el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá entre el presidente Juan Manuel Santos y el mismo Londoño Echeverry (que rubricó como ‘Timoléon Jiménez’) en la Secretaría Técnica de la CPI, para que sea “ampliamente conocido y valorado”.
La Farc aspira a que la CPI sopese “cómo el fallo de la Corte Constitucional sobre la JEP y los cambios de última hora agregados en el Congreso de la República, destrozan elementos claves destacados por expertos internacionales por su sujeción a la legislación internacional sobre los crímenes de guerra y de lesa humanidad”.
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