Las intimidaciones las hacía a través de diferentes números de celulares y desde hace dos meses; en noviembre cuando empezaron las vacaciones. La víctima que trabaja en un colegio Distrital ignoraba que el extorsionista era un alumno.

Las amenazas telefónicas eran concretas. El menor aseguraba que contrataría a un sicario si no recibía el dinero que le exigía, de acuerdo con la información de la Fiscalía:

En las llamadas al director del colegio le decían que conocían las rutinas de su familia como: el colegio donde estudiaba la menor, la universidad donde su esposa había terminado los estudios, el lugar de residencia y su sitio de trabajo. Además, le decía que si no le pagaba el dinero contrataría a un sicario para atentar contra la vida de él, su pareja e hija”.

A principios del 2017, el docente continuó recibiendo las llamadas del estudiante. En una última comunicación le dio un plazo de 15 días para que pagara la extorsión.

El dinero debía ir en el interior de un sobre de manila con un código dictado por el mismo extorsionista. Le decía que debía estar pendiente de sus las llamadas y contestar, de lo contrario era un día menos de plazo para el pago.

Ante la delicada situación, el profesor decidió denunciar al Gaula de la Policía y aportar los audios de las conversaciones. A mediados de enero comenzaron las investigaciones y a los pocos días se logró la aprehensión del menor, señaló el este investigador:

Cuando se cumplía la cita entre la víctima y el victimario en una cadena de comidas rápidas en el sector de Galerías, el victimario le entregó al profesor un cordón con un paquete que debía colocarse en el cuello y que supuestamente era un explosivo. En ese momento se produjo la aprehensión de quien hacía la exigencia económica que resultó ser un alumno del denunciante”.

Durante la detención, las autoridades determinaron que el paquete que había entregado el estudiante era una caja que contenía un celular descontinuado.

En la audiencia, ante el juzgado 2 penal para adolescentes, un fiscal declaró legal la captura y el menor aceptó los cargos imputados por el delito de extorsión agravada. Un juez le impuso medida de internamiento preventivo por cuatro meses.

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