La información fue difundida este jueves en la página de la Superintendencia Financiera de Colombia, que advierte que las entidades del Estado no se hacen responsables por dineros que personas invirtieron en las captadoras ilegales, y que luego lo perdieron todo.
“Fallo concluyó que fueron los demandantes quienes, en ejercicio del libre derecho de disposición de su dinero, atraídos por un negocio sin precedentes en el país y bajo la promesa de unos intereses altísimos, asumieron el riesgo y el daño que sufrieron, sin que pueda atribuirse culpa alguna al Estado”, explica la Superfinanciera en un comunicado.
Además, la entidad agrega que según la decisión del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán, que negó estas demandas, la culpa es de los incautos ya que el Estado “(…) en todo momento y una vez descubierto el fenómeno, empezó a alertar a la población para que no invirtieran en negocios de dudosa credibilidad”.
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“Los colombianos deben entender que el dinero no crece en los árboles, y por tanto no deben dejarse obnubilar por estas pirámides captadoras”, manifestó el superintendente financiero, Jorge Castaño, citado por RCN Radio.
El fallo judicial anula 73.611 demandas interpuestas contra el Estado por estafas de pirámides entre 2007 y 2009.
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