Inicialmente, cada miembro de las Farc tendrá derecho a 8 millones de pesos para montar un negocio “individual o colectivo”.

Cuando termine el periodo de seis meses en el que los guerrilleros estarán concentrados en diversas zonas, cada uno recibirá “una asignación única de normalización” de 2 millones de pesos.

Inmediatamente después, y durante dos años, les darán un renta mensual equivalente al 90 % del salario mínimo legal vigente. Si se aplica el valor actual, serían aproximadamente 620.000 pesos.

El Gobierno deberá garantizarles los pagos de seguridad social y pensión.

Ellos recibirán ese dinero “siempre y cuando no tengan un vínculo contractual que les genere ingresos”. Eso quiere decir que si un reinsertado es contratado por una empresa ya no tendrá derecho a esa renta mensual ni al pago de seguridad social.

Cuando pasen los dos años, si un desmovilizado de las Farc demuestra que ha seguido estudiando, tendrá derecho a una suma mensual “no menor a la que haya estado vigente”.

Estos detalles aparecen en las páginas  66 y 67 del acuerdo final:

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