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La norma, aprobada en el Congreso, quedó también avalada por la Corte Constitucional, que no halló causales para declararla inexequible.

Sin embargo, según el abogado Juan Sebastián Jaime, la norma es muy general y se presta para que se hagan esterilizaciones forzadas, según explicó en entrevista con Semana.

Según el abogado, en Colombia se realizan cada año 500 esterilizaciones a mujeres y 120 a hombres, aunque es posible que haya un subregistro.

Jaime explicó que en la mayoría de los casos, los médico practican el procedimiento sin el conocimiento de los pacientes, que se encuentran bajo la categoría de discapacitados mentales, que es muy vaga e imprecisa.

De acuerdo con el activista,

A pesar de que la ley colombiana lo contiene, el concepto de la discapacidad mental hace rato está mandado a recoger. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual Colombia forma parte, les pide a los Estados no ver esto como un diagnóstico.

Agrega en su entrevista que en los casos de personas que por su condición física o intelectual afrontan barreras para su inserción en la sociedad, lo que le corresponde al Estado es eliminar los obstáculos.

En su concepto, los pacientes con síndrome de Down están perfectamente capacitados para decidir por sí mismos, por lo que someterlos a una esterilización sin su conocimiento es una violación a sus derechos.

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