Tener servicio de escolta se convirtió en un asunto de estatus social

Anualmente los colombianos pagamos más de 144.000 millones de pesos para brindar protección a toda suerte de personalidades.

 
Se debe replantear todos los mecanismos de escoltas y carros blindados, dijo el senador Andrade.
Captura de pantalla YouTube UNP

Desde expresidentes, exvicepresidentes, exalcaldes, excongresistas, exgobernadores, exmagistrados, excontralores, hasta periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos, todos reciben atención de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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Son 6.571 protegidos en todo el país, para quienes la UNP destina hombres, vehículos, combustible, armamento y sueldos que han costado cerca de 2 billones de pesos en los últimos 5 años, señala El Tiempo.

“Se están generando sobrecostos y redundancias innecesarias en los esquemas de protección, por lo que se hace necesario hacer ajustes en los decretos que regulan el programa de protección”, aclara un informe de la UNP presentado al Congreso que fue mencionado por el diario capitalino.

El senador conservador Hernán Andrade, que citó a la entidad a un debate de control político, aseguró a ese medio que se deben “replantear todos los mecanismos de escoltas y carros blindados”.

Y la razón es que el servicio de escolta ya no es considerado un asunto de seguridad, sino como “un símbolo de estatus social con el que también se cometen abusos”, sostuvo Andrade.

Pese a eso el director de la UNP, Diego Fernando Mora, afirmó que la entidad ampliará la planta de escoltas antes de finalizar el año y que mejorará las condiciones laborales para los concesionados.

Esa afirmación parece contraria a la posición asumida por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para el que “existen instrucciones precisas por parte del Gobierno Nacional de disminuir los esquemas de protección, haciendo una evaluación profunda que determine qué personas que tienen esquema ya no lo necesitan y realizando el respectivo desmonte”, se lee en la página de la UNP.

La Policía Nacional seguirá haciendo los estudios de riesgo para proveer la seguridad a servidores públicos.

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