“Nombré gente de reconocida trayectoria en los cargos directivos de la campaña. Y les di instrucciones y reglas claras y tajantes sobre cómo actuar”, insistió el mandatario en la acostumbrada entrevista dominical que publica el diario El Tiempo.
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Según él, lo que pasó en la campaña Santos Presidente de 2010 no puede ser visto como un intento de soborno de la brasilera Odebrecht a funcionarios (en relación con la financiación de 2 millones de afiches de su campaña con 400 mil dólares de la constructora), sino una “infracción” que tendrá que ser investigada y sancionada por el Consejo Nacional Electoral.
Aquí hay una diferencia de fondo que algunos pretenden obviar. Un soborno es un pago ilegal para obtener un beneficio indebido por parte de un funcionario, en particular del Estado. Eso es un delito. Otra cosa muy distinta es que haya aportes a una campaña no reportados en las cuentas, que es una infracción administrativa”, apuntó Santos.
Y de inmediato recordó que Roberto Prieto, el gerente de la campaña, “confesó públicamente que actuó sin mi conocimiento”.
Yo no puedo decir que sabía algo de lo que no tuve conocimiento. Eso sí sería mentir. Una campaña es como una gran empresa. Hay que delegar funciones y permitir que decisiones sean tomadas por los responsables bajo reglas claras y sobre la base de la confianza”, señaló el mandatario.
Admitió que se reunió con directivos de la compañía, y que lo hizo en con altos funcionarios de su administración para tratar temas de inversión en el país y en una época en la que no existía un manto de dudas sobre la reputación de Odebrecht tanto en Colombia como en Latinoamérica.
Añadió que espera terminar su gobierno con “broche de oro” pese a la impopularidad de su imagen como gobernante. Frente a eso, el Presidente dijo que su “definición de gobernar es hacer lo correcto, no hacer lo popular”.
Sobre el caso de soborno de Odebrecht en Colombia, que se presume en un pago de 11 millones de dólares a funcionarios para ganar millonarias licitaciones en infraestructura, la Fiscalía abrió 11 procesos que están en desarrollo.
Por ahora, las autoridades fiscales y penales del país están agotando las primeras etapas de indagación y se han obtenido algunos avances consistentes en detenciones mientras se surten los procesos con más elementos de prueba.
Roberto Prieto, el hombre que aceptó la existencia de las irregularidades en 2010, señaló a otras personas cercanas a la campaña (los financieros) entre ellos Consuelo Caldas, Orlando Sardi y Santiago Rojas, según consta en la entrevista que entregó para Blu Radio.
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