Arias, condenado a 17 años de cárcel en Colombia por las irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro (AIS) y a la espera de que Estados Unidos resuelva una solicitud de extradición de la justicia colombiana para que pague la condena en el país, respondió al periódico bogotano a través de sus abogados.

El considerar que “un solo día de cárcel es injusto” para él y para su familia está en la base de su decisión de huir de Colombia en 2014, poco antes de que se conociera la condena contra él, proferida por la Corte Suprema de Justicia.

Claro que para el exministro no se trató de una fuga, de “huir”, sino de buscar “refugio en otro país al tenor del derecho internacional y de las garantías que se conceden bajo la figura de asilo”.

Arias se califica como un perseguido político y no reconoce ninguna responsabilidad en el caso de AIS. “Yo no he cometido ningún delito”, afirma, y se queja de que lo condenaron “por sospecha”, por lo cual asegura que se trata de la “persecución de un sector en el poder contra de otro por fuera del poder”.

Por eso, pide para él y para los exministros de Uribe condenados por otras causas una segunda instancia, “pero ante jueces verdaderamente imparciales o independientes o ante un jurado de conciencia conformado por ciudadanos”.

No contempla “de ninguna manera” acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz, si es que su caso cupiera de algún modo en ella. “No voy a someterme a una jurisdicción creada por quienes han sido nuestros adversarios. Es decir, el gobierno actual y las Farc”. Critica, además, que mientras para esa guerrilla habrá curules; para los uribistas, cárcel o exilio.

“No puede ser que se nos confeccionen penas injustas de 17 años de cárcel a quienes defendimos desde la legalidad el Gobierno que debilitó a las Farc cuando todo el mundo los quería derrotados y ahora a esas mismas Farc se les premie con curules en el Congreso”, agrega.

Arias, en esta respuesta, asegura que su condena se impuso por defender al Gobierno, pero, de acuerdo con la revista Semana, en una reseña que hizo a propósito de la captura de Arias en Estados Unidos, la Fiscalía que lo llevó a juicio encontró que el programa AIS “careció de fiscalización y terminó entregando dinero a por lo menos nueve grandes familias o empresas que defraudaron al Estado con trampas como dividir sus fincas en varios lotes para obtener varias veces la asistencia estatal”.

“De acuerdo con la investigación —continúa Semana—, los perjuicios al Estado por las irregularidades cometidas por Arias ascienden a más de 45.000 millones de pesos. La Fiscalía reconoció que Arias no robó directamente, pero permitió que dinero del erario terminara ilegalmente en poder de terceros”.

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