“Yo ya instruí que sí vamos a investigar eso, porque ya hace días se vienen escuchando cosas sobre licitaciones irregulares en el sector público”, aseguró el fiscal general, Douglas Meléndez, en rueda de prensa.

Las declaraciones del fiscal salvadoreño fueron respuesta a una publicación del rotativo La Prensa Gráfica, que da cuenta de que los gobiernos de San Salvador, Apopa (norte) y Santa Tecla (suroeste) contrataron a una concesionaria de la empresa de Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca, de quien ese medio dice que “ha sido mencionado en diversos artículos periodísticos en Colombia con nexos delictivos como homicidio, corrupción y narcotráfico”.

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Según La Prensa Gráfica, Hilsaca “se ha visto involucrado en diversos procesos judiciales por homicidio agravado, agrupaciones ilícitas, casos de corrupción y vínculos con estructuras de tráfico de drogas”.

El rotativo señala que esas localidades “otorgaron” 49’647.086 dólares “en contratos a la empresa de origen colombiano AGM Desarrollo S. A. de C. V.”, delegada del consorcio de Hilsaca, entre 2014 y 2015, “a través de proyectos para iluminar sus municipios con tecnología led”.

Los gobiernos de San Salvador y Santa Tecla estuvieron en manos de políticos oficialistas en el período de los hechos, mientras la de Apopa estuvo a cargo de un opositor.

Precisamente el alcalde de Apopa, José Elías Hernández, fue recientemente detenido y la municipalidad intervenida por su supuesta relación con pandilleros y la concesión prebendas a cambio de disminuir la violencia en esa zona.

Este jueves, La Prensa Gráfica señala que el alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, dijo que la decisión que tomó el concejo municipal de rescindir el contrato de concesión suscrito entre la administración anterior de la comuna y la empresa AGM Desarrollos, S. A. de C. V., sobre la instalación de lámparas led como alumbrado público, es acertada: “No queremos estar asociados con una empresa que tiene una dudosa reputación”, dijo.

El mismo medio recuerda que el alcalde denunció, en marzo pasado, varias irregularidades en las lámparas que fueron instaladas en el municipio: “filtración de agua, herrajes y brazos usados, y un nulo ahorro de energía porque la empresa no sometió las luminarias a una prueba de potencia”. Esas quejas —continúa la publicación— llevaron a la comuna tecleña a exigir la nulidad negocio, que para el caso de las concesiones la LACAP lo llama “rescate de contrato”.

Con EFE

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