¿Deben los empresarios temer al tribunal de justicia pactado con las Farc?

Teóricamente, son una mínima proporción los que tendrán que responder por apoyar y financiar grupos armados ilegales.

 
Presidente Juan Manuel Santos
AFP

De acuerdo con lo negociado con las Farc, aquellos que tengan “responsabilidad habitual y determinante” en los peores crímenes cometidos en el conflicto armado, dice la revista Semana.

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Las reservas sobre los alcances de la Jurisdicción (o Tribunal) Especial para la Paz (JEP) fueron planteadas por el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, la semana pasada en una entrevista con la misma publicación.

A Vargas Lleras le inquieta, en particular, el juzgamiento de empresarios que, presionados, financiaron grupos armados ilegales.

Los menciona como un ejemplo del riesgo de que los civiles sean juzgados por ese Tribunal, que es el ente que se acordó con las Farc para  investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos y las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario durante la guerra.

Para tranquilizar a los empresarios, el presidente Juan Manuel Santos declaró que ningún empresario honesto tendría que preocuparse, pero, dice Semana, la decisión de procesar a algún civil será potestad de los miembros del Tribunal, por lo que su promesa no tiene garantía. Por eso, agrega, hay tanta discusión sobre cómo serán escogidos sus miembros, y el temor entre los empresarios de que ellos tengan una inclinación a la izquierda.

En esencia hay tres grandes miedos. El primero es que quienes tuvieron que pagar extorsiones para operar en ciertas regiones terminen siendo juzgados como financiadores y cómplices de los paramilitares. El segundo, que se creen mafias de falsos testigos que terminen por salpicar a empresarios en la búsqueda por encontrar. la ‘verdad’. Y el tercero es que el sistema está hecho solo para admitir una responsabilidad y que la única forma de eludir cárcel será confesar crímenes no cometidos“, dice Semana.

A la conclusión de que será una mínima proporción de empresarios los que tengan que responder ante el Tribunal llega la revista en repetidas oportunidades en su intento por disipar los temores, no sin antes caracterizar los diferentes grados de responsabilidad que pudieron tener.

Estos van desde los extorsionados por los paramilitares, y los que apoyaron a los paramilitares para evitar la extorsión y el secuestro, y que consideran que estaban ejerciendo su derecho a la legítima defensa, hasta los que participaron activamente de actividades criminales (seguramente, estos serán los que terminen ante el Tribunal).

En uno de los apartes del texto se asegura que de la cifra de 13.000 que tiene la Fiscalía, en realidad serían menos de 300 empresas, y que de estas solo una minoría estaría involucrada, versión confirmada en una entrevista anexa con el Fiscal General de la Nación, Nestor Humberto Martínez.

Luego, al reseñar el concepto favorable de la Corte Penal Internacional sobre la justicia transicional, dice que dado que el Tribunal se debe concentrar en “los grandes responsables”, esto llevará a que muy pocos terceros (en este caso, empresarios) terminen allí.

Y en caso de que llegaran a una instancia previa en el Tribunal, identificada como ‘sala de reconocimiento’, “allí se quedarían la mayoría de los casos en los que la responsabilidad no haya sido determinante”.

E incluso si se les juzgara porque no reconocen los delitos, el Estado tendrá que demostrar su culpabilidad, por lo “que esto también reduce bastante el universo de condenas”.

Semana plantea que es de esperarse que el Tribunal tenga claro que su propósito será “dar por terminado el conflicto armado… que el espíritu que debe regir el criterio de justicia es cerrar heridas, no abrirlas”. Para la publicación sería una ironía que los responsables de crímenes atroces se beneficien con penas bastante leves, mientras que “los terceros civiles que pudieran tener o no una responsabilidad indirecta, en la mayoría de casos por ausencia del Estado, terminen con castigos mucho más severos”.

Finalmente, plantea el riesgo de que los empresarios no se vinculen en el postconflicto y la construcción de la paz duradera, generando riqueza y empleo, por su desencanto o miedo.

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