“Lamentamos profundamente el hecho y pedimos perdón por este doloroso caso a sus familiares y allegados”, indicó el grupo guerrillero sobre la muerte del gobernador indígena Aulio Isarama Forastero en el departamento del Chocó.

El Eln dijo que retuvo a Isarama, gobernador del resguardo Catru Dubaza Ancoso del Alto Baudó, para “investigarlo” por supuestos nexos con “la inteligencia militar”.

“Ya detenido y en camino al lugar del interrogatorio, el gobernador Aulio Isarama Forastero se niega a caminar y se abalanza sobre uno de nuestros guerrilleros, con el trágico desenlace conocido”, agregó el boletín firmado por la Dirección del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez, que opera en la zona.

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El Eln afirmó que “en ningún momento se había impartido orden ni autorización para atentar contra la integridad física” del líder indígena y aseguró que realizará “un ejercicio de reflexión a todos los niveles internos para que hechos como este no se vuelvan a repetir”.

El reconocimiento del asesinato del gobernador constituye la primera violación del cese al fuego bilateral y temporal que rige desde el 1 de octubre hasta el 9 de enero, pactado por el Gobierno y la guerrilla en el marco de las negociaciones de paz de Quito.

“Deplorable desde todo punto de vista. Y decepcionante”, escribió en Twitter el jefe negociador del gobierno, Juan Camilo Restrepo.

Restrepo solicitó una declaración del mecanismo de seguimiento y verificación del cese al fuego, formado por las partes, la ONU y la Iglesia católica, sobre el que consideró un “crimen repudiable”.

Isarama fue asesinado la noche del martes pasado luego de que, según informó la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), cinco guerrilleros del Eln se lo llevaran de su comunidad.

La guerrilla guevarista había dicho en un audio enviado a periodistas que investigaba internamente el caso.

La muerte de Isarama ocurrió en medio de una oleada de crímenes contra líderes sociales en el país, que según la Defensoría del Pueblo ha acabado con la vida de 199 activistas en los últimos 22 meses.

El gobierno de Juan Manuel Santos y el Eln, con unos 1.500 combatientes según cálculos oficiales, negocian para superar un conflicto armado de más de cincuenta años.

Con los diálogos con el Eln el gobierno busca la “paz completa” tras la firma de un pacto con las Farc, que fuera la guerrilla más poderosa de América y ahora está desarmada y convertida en partido político.

Además del Eln, en Colombia operan bandas criminales de origen paramilitar, disidencias de las Farc y narcotraficantes.

AFP

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