La empresa, que es distribuidora y comercializadora, tenía que hacer antes del 2 de noviembre dos pagos que suman ese valor en el mercado de energía porque de lo contrario se vería obligada a limitar el suministro a sus clientes, agregó la información.

El pago fue posible gracias al apoyo de su casa matriz, Gas Natural Fenosa (GNF), “lo que demuestra el interés y la voluntad de encontrar de la mano con el Gobierno soluciones que garanticen la sostenibilidad en la prestación del servicio”, indicó la compañía.

De no hacer esos pagos, a partir del próximo miércoles la empresa recibiría menos energía “y en teoría habría un racionamiento de tres horas diarias en el área de cobertura”, dijo a Efe una fuente de la empresa en Cartagena, donde participa en el XI Encuentro Empresarial Iberoamericano.

La fuente explicó que ese racionamiento es imposible de hacer porque hay usuarios que gozan de una protección constitucional, como hospitales, escuelas y barrios marginales, entre otros, y la red no permite interrumpir el suministro a unos clientes sí y a otros no.

La crisis de Electricaribe, que atiende los siete departamentos de la costa atlántica colombiana, se debe a la falta de pago de muchos de sus clientes, que adeudan a la empresa 3,8 billones de pesos (unos 1.273 millones de dólares).

Esa deuda afecta la capacidad de inversión de Electricaribe para prestar un mejor servicio en los departamentos de Atlántico, Bolívar, La Guajira, Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena, donde atiende a 2,5 millones de clientes.

En este sentido, la compañía aseguró que son necesarias señales por parte del Gobierno colombiano “para construir una solución definitiva en beneficio de los clientes y del sector eléctrico en general”.

“La empresa está dispuesta a hacer las inversiones necesarias siempre y cuando se generen condiciones para asegurar la sostenibilidad del sistema”, agregó la fuente a Efe.

Para Electricaribe, es necesario “que el Gobierno entienda que a este problema hay que buscarle una solución”, pues no es algo que afecte solo a la empresa sino también a unas 400.000 familias que habitan en barrios subnormales y a otras 800.000 de zonas de difícil acceso que necesitan el servicio de electricidad.

EFE

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