“Mientras nadie duda de un respaldo para sortear la difícil situación generada en la región del norte y el Bajo Cauca, eximir a las Empresas [EPM] de su responsabilidad sin siquiera mediar una investigación somera, es una actitud inexplicable, una exoneración casi escandalosa porque allí hay asuntos por aclarar”, lamenta Velásquez Gómez en su escrito.
“El antioqueño de hoy, tal como el de antes, sigue convencido de que es una raza superior y que además es perseguida”, agrega, y advierte que ese viejo concepto de raza “vive aún en el ideario popular y en parte de la clase política y dirigente”, y en ese contexto ubica el caso de Hidroituango, proyecto sobre el que, asegura, “hay dudas no resueltas”.
Para Velásquez Gómez, esa obra “es ejemplo de la aplanadora paisa, que saca proyectos a pupitrazo limpio incluso contra la razón y acusa de frenar el progreso a quien se opone. […] Esto sin hablar de lo ambiental, ni de los reclamos comunitarios. ¿Quién está asesinando a personas opuestas a la obra? Además hay dudas sobre la contratación, que deben dilucidar los entes de control”.
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Y reafirma que cree que hay que investigar. “No puede ser que cuando toca con Antioquia exista un blindaje casi automático de la dirigencia”.
Velásquez Gómez sigue la línea crítica de otros como Pablo Montoya que, en la revista Arcadia, afirmó el lunes de esta semana, cuando la crisis estaba en su punto más alto, que los “políticos y empresarios antioqueños hacen aguas por todas partes”, y eso lo gritan “a grandes voces” casos como el de Hitroituango, “la deplorable situación ambiental de Medellín y su zona metropolitana […], los vínculos manifiestos de honorables empresarios con el narcoparamilitarismo, […] y la arrasadora burbuja inmobiliaria y la construcción de edificios con materiales obsoletos que se agrietan y se caen”.
Montoya sostiene que lo de Hidroituango es “el desbordamiento completo de la irresponsabilidad, la improvisación y la arrogancia con que estas gentes siguen manejando el rumbo de nuestro desequilibrio social. […] El hecho de que Empresas Públicas […] sea la principal responsable de la tragedia de Hidroituango manifiesta con claridad una situación insoslayable: estamos ante un modelo de progreso que no es viable. […] El modelo empresarial antioqueño, y lo que hacen los políticos de turno, definitivamente no funciona. O funciona pero solo para el beneficio de unos cuantos”.
Ese pequeño grupo, se colige de la columna de Montoya, lo conforman “estos tecnócratas frívolos, estos empresarios pedantes, estos políticos insensatos”, para quienes “lo principal son las finanzas aunque digan, repetidamente, que su preocupación es el bienestar y la felicidad de los ciudadanos”.
Claro que hay quienes opinan exactamente lo contrario, como Carlos Alberto Atehortúa, que plantea en una columna en El Mundo, de Medellín, que es “para resaltar positivamente la posición de la administración de EPM, de sus empleados y muy especialmente la de sus trabajadores, así mismo la de las autoridades que han participado en el tratamiento del desafortunado evento”.
Critica que “fieles a nuestra tradición culpabilista”, en el examen de los hechos que han rodeado la construcción de Hidroituango, “algunos han planteado la pregunta ¿Quién es el culpable? como si encontrando un culpable la sociedad recobrara su tranquilidad y expiara sus culpas. En realidad, las preguntas que debemos hacernos son mucho más complejas y estructurales y no simplemente mediáticas”.
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