No termina la polémica legal en el que se ve envuelto el secretario de ambiente del Distrito por su casa en la reserva ambiental Thomas Van der Hammen, en el noroccidente de la Sabana de Bogotá.

Este lunes, el funcionario reveló que informó a su jefe, el alcalde, el pasado 15 de marzo sobre el posible conflicto de intereses por tener una propiedad en la zona de reserva ambiental, sobre la que él tendrá que tomar decisiones en caso de que se convierta en área para construir 80 mil viviendas.

En su carta le plantea a Peñalosa si el impedimento es sobre su predio de 2.000 metros cuadrados en la parcelación Las Lomitas,

o si, por el contrario, usted considera que se debe extender hacia las demás actividades administrativas frente a los estudios y decisiones de la Reserva Thomas Van der Hammen en general”.

según la publicación de Semana.

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Sin embargo, este impedimento se conoció después de la publicación de El Tiempo, en la que se dio a conocer sobre la propiedad de Ortiz en el área y luego de que el alcalde dijera que no consideraba que ello constituyera un impedimento.

Según publicó El Tiempo, Peñalosa habría sido informado por su funcionario desde enero de que tenía una casa en el lugar.

Aunque la definición sobre la destinación del área actualmente reservada de las 1.400 hectáreas la tiene que hacer la Corporación Autónoma Regional CAR, el secretario de Planeación lidera la estrategia de la administración Peñalosa para cambiar su naturaleza.

Y la definición que se haga del uso de ese suelo afectaría el precio catastral del predio del funcionario. Si pasa de reserva a comercial, el predio se valorizaría mucho más de lo que hoy vale”,

dice el periodista Víctor Solano en su blog.

Según los opositores al alcalde, encabezados por su antecesor Gustavo Petro, el cambio en el uso del suelo implica que un predio avaluado en 60 millones de pueda vender en 2.000 millones.

En la administración, sin embargo, no se considera que Ortiz haya faltado a ningún deber legal al presentar su impedimento apenas ahora, pues hasta la fecha no interviene en ningún proceso.

Quienes defienden a Ortiz señalan además que el hecho de tener una propiedad en algún lugar de la ciudad no se puede considerar un impedimento, pues todos los concejales y el propio alcalde tendrían que hacerlo también.

El alcalde tomará 10 días antes de decidir si acepta o no el impedimento, aunque a la luz de su trino en el que señalaba que no considerba que hubiera problema, es previsible su decisión.

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