Para cumplir medida de aseguramiento fueron detenidas 9 personas, por hechos ocurridos el 27 de febrero de 2005, en la vereda Brisas de Yamanes, jurisdicción de El Castillo (Meta)”,

indicó la Fiscalía en un comunicado.

Según el ente acusador, los detenidos dijeron haber matado a Orlando Fernández Borrai y a Liber Sergio Ariza por supuestamente haber atacado a una tropa del Ejército que realizaba operaciones de registro y control de área.

Sin embargo, la Fiscalía estableció que las víctimas eran agricultores de la región”,

sostuvo el texto.

El teniente coronel Johan Fernando Martínez Jiménez, el sargento segundo Juan Gabriel Ávila Suarez y los soldados profesionales Fabio Sandoval Hurtado, Salvador Antonio Albarracín Rincón, Hoyner Valencia Vega y Carlos Augusto Gómez Alfaro, quienes son miembros activos del Ejército, fueron capturados en Bogotá y enviados a guarniciones militares.

En tanto, Miguel Ángel Acevedo Meche, Edwin Fabián Ávila Castillo y Diógenes Sua Ariza, que para entonces eran soldados profesionales y ya no están en el Ejército, fueron detenidos en diferentes municipios del Meta.

Los militares eran miembros del Batallón 21 Vargas, que para la fecha de los hechos tenía sede en el municipio de Granada.

Más de 4.000 civiles han fallecido en ejecuciones extrajudiciales en Colombia, que vive un conflicto armado de más de medio siglo, a manos de militares, que buscaban así obtener prebendas, ascensos y reconocimientos en el ámbito castrense, según Human Rights Watch (HRW), una ONG con sede en Washington.

Según cifras oficiales, hay más de 2.000 personas vinculadas a las investigaciones y se han proferido más de 817 sentencias condenatorias contra miembros de la Fuerza Pública por estos crímenes, conocidos en Colombia como “falsos positivos” y en los que principalmente campesinos fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.

Con AFP

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