Todo se inició en 2013 cuando una auditoría de la Dirección de Sanidad del Ejército descubrió un déficit en sus balances de pensiones e indemnizaciones. El primer indicio fue encontrado en un volante donde se ofrecían asesorías para el trámite de pensiones, publicó Semana.

Un agente encubierto de la Dijín llamó a la línea que aparecía en el volante, al otro lado de la línea le dijeron que debía consignar 2 millones de pesos para iniciar el proceso y otros 20 millones al finalizar, continúa el informe.

Dos días después el agente fue citado a un consultorio donde en cuestión de minutos se le entregó un certificado según el cual tenía una discapacidad, luego obtuvo otros dos documentos que ratificaban su dolencia, relata la nota de la revista.

Una semana después, el infiltrado recibió una llamada de un capitán de la oficina de prestaciones sociales que le decía que podía pasar a reclamar los 45 millones de pesos que le habían liquidado por su “incapacidades”, señaló Semana.

Se descubrió que la red operaba de la misma forma en Fusagasugá, Neiva, Ibagué, Bucaramanga, Yopal y Medellín. Se detectaron más de 200 casos de pagos por falsas incapacidades.

De acuerdo con el ente acusador los integrantes de esta red falsificaban los documentos de invalidez o de vejez para poder acceder a las pensiones a cambio del 10 y el 40 % de su valor, señaló CM&.

Adriana Malagón, directora de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, comentó a este noticiero que:

En una operación conjunta con la Dijín ha logrado la materialización de medidas cautelares de 20 bienes inmuebles, 7 bienes muebles y 2 establecimientos de comercio, pertenecientes a los miembros que hacían parte de este Carrusel de las Pensiones de las Fuerzas Militares”.

Ahora la Fiscalía adelanta este modelo de investigación contra los integrantes del llamado carrusel de reintegros de la Policía Nacional, indicó Semana.

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