William Marmolejo Ramírez, remitente de la querella, se basa en que “la figura del parrillero no existe dentro de las definiciones de la norma que regula el tránsito en el país”, se lee en El Espectador.

A su vez recuerda que en el país la norma permite la circulación de motocicletas con 2 pasajeros, sin restricción de edad ni sexo, por lo que el decreto impuesto por la Alcaldía Mayor iría en contra de la ley.

“Cabe la pregunta, ¿puede un decreto distrital modificar una norma superior o estar por encima de la ley?”, señala El Espectador citando la denuncia.

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Esta añade, según el denunciante, que la Policía de Tránsito no estaría facultada para imponer comparendos en el perímetro urbano de Bogotá y que esa sería responsabilidad de agentes de tránsito distritales.

“El ciudadano insiste que tanto el alcalde como sus secretarios se tomaron atribuciones que le están permitidas, modificando una ley que solo puede cambiar el Congreso, cometiendo el presunto delito de prevaricato”, señala El Espectador.