La entidad ha reportado además de desplazamientos masivos un incremento de homicidios en los municipios de San José de Uré, en el departamento de Córdoba, así como en Ituango (Antioquia) y Cáceres, Valdivia, Tarazá y Caucasia (Cauca).
La principal causa de los desplazamientos es el enfrentamiento entre grupos herederos del paramilitarismo como el Clan del Golfo, que se autodenomina Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y “Los caparrapos”, manifestó la Defensoría en un comunicado.
De igual forma, el fortalecimiento del Eln en algunas zonas y los enfrentamientos entre una disidencia del Frente 36 de la extinta guerrilla Farc con el Clan del Golfo han desencadenado en el desplazamiento de 732 familias.
“Lo anterior ha configurado un contexto de violaciones masivas de los derechos fundamentales a la libertad, la integridad personal y la dignidad humana de las comunidades campesinas, indígenas y la población urbana”, agregó la información.
Según datos de la Defensoría, los desplazamientos ocurrieron entre el 18 de enero y 9 de marzo, y solo en los dos primeros meses de este año se asesinaron a 23 personas en Tarazá, 17 casos más que en el mismo periodo del año pasado.
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Frente a esta “crisis humanitaria”, la entidad solicitó al Gobierno que refuerce su intervención en esas zonas con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales de la población.
De igual forma, la Defensoría señaló que faltan recursos y un trabajo coordinado entre Alcaldías, Gobernaciones y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas “para la atención de los desplazamientos, la prevención de violaciones a los Derechos Humanos y las garantías para el retorno”.
Con: EFE
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