Esta mujer fue acusada de pedirle una comisión del 20 % del sueldo a la fiscal Angélica María Padilla, y obligarla a designar a ciertas personas en entidades públicas como Fonade, la Registraduría Nacional y la Rama Judicial. Esa extorsión se habría dado entre los años 2015 y 2016. Yara Malo aseguró en Noticias Caracol que nunca extorsionó a Padilla, entonces amiga personal.
En medio del proceso judicial, la fiscal también la responsabilizó, a ella y a su padre, de cualquier riesgo que pudiera correr su vida. Padilla también reveló que también debía entregarle el 20 % del sueldo de las personas que vinculaba laboralmente.
La fiscal agregó que la familia Malo le enviaba mensajes intimidantes para desvincularla de la Fiscalía si no cumplía con el trato. Padilla señaló que esas amenazas y necesitar un trabajo para sostenerse, fueron las razones por las que aceptó trabajar para Yara Malo.
La hija del magistrado afirmó que no sabe de dónde sacan que ella tiene tanto poder, o que es la gerente de una empresa ilícita en la que tiene influencias para la contratación de personal en entidades del sector público. Sin embargo, el próximo 30 de octubre deberá acudir a la diligencia de imputación de cargos ante la Fiscalía.
El magistrado Malo, por su parte, fue vinculado a la investigación del cartel de la toga después del testimonio del jefe anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, eje central del escándalo. Dijo en Noticias RCN que espera que en la investigación contra su hija se “logre demostrar que los hechos son totalmente infundados”.
Por otro lado, Malo calificó las declaraciones de Moreno como “totalmente falsas y contradictorias”, y negó que haya tenido una relación con él, o que se hayan reunido, en privado, en alguna ocasión.
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Sin embargo sí contó que se vieron en algunas reuniones sociales, como un cumpleaños del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Francisco Ricaurte, preso por el escándalo. Las otras ocasiones se dieron en una finca en el municipio de Garagoa, Boyacá, donde “había varias personas más”, entre ellas, “varios magistrados de la Corte”.
El magistrado Malo es señalado de modificar sentencias judiciales de los procesos que pasaban por sus manos. Frente a eso aseguró: “El doctor Ricaurte jamás me insinuó, ni me solicitó, ni interfirió en ninguna de las investigaciones que yo adelantaba en mi despacho”.
Uno de esos casos es el del senador Musa Besaile, también capturado por el escándalo, que aseguró haber pagado 2.000 millones de pesos para suspender el proceso por parapolítica que se adelantaba en su contra desde el año 2007.
Por último, reiteró que no se apartará de su cargo, pese a que se lo hayan solicitado sus compañeros en la Corte, y a la licencia en la que se encuentra mientras se adelanta la investigación. De nuevo, dijo que quiere seguir en la Corte Suprema y que no va a renunciar.
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