Así lo asegura el periódico El Tiempo, que agrega, citando al abogado de Murcia, que las autoridades de Estados Unidos le tomaron en cuenta el tiempo que pagó de cárcel en Colombia.

“La Fiscalía habló inicialmente de una pena de 20 años, pero finalmente se estableció en nueve”, sostuvo el abogado Robert Abreu, citado por ese medio.

Murcia fue capturado en noviembre de 2008 en Panamá y extraditado en enero de 2010 a Estados Unidos, en donde aceptó el delito de lavado de activos y fue enviado a una cárcel. Actualmente, según el impreso, está recluido en la prisión Moshannon Valley, en Pensilvania, a la espera de su deportación.

Aunque Murcia Guzmán fue condenado en Colombia a 30 años y ocho meses de cárcel, y a pagar una multa de 50.000 salarios mínimos, la Corte Suprema de Justicia le rebajó ocho años por considerar que los juzgadores se habían “equivocado en la dosificación de la pena”, informó Semana.

No obstante, dice, el tiempo en prisión sería mucho menor teniendo en cuenta los beneficios a los que tienen derecho los presos para reducir su condena.

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Pero lo que más preocupa a las víctimas de la pirámide de DMG es que mientras a Murcia Guzmán le dan beneficios y rebajas, a ellas todavía no las reparan. Según cifras de la Fiscalía, la captadora logró apropiarse de 4 billones de pesos en al menos dos años que estuvo funcionando.

Si bien la Corte Suprema ordenó en mayo de 2015, según este boletín de Fiscalía, que Murcia pagara 20.800 millones de pesos por perjuicios materiales para reparar a las 1.993 víctimas, y que cada una de ellas debería recibir 100.000 pesos por daños morales, el abogado que las representa asegura en el impreso que nada de eso se ha dado y que nadie les responde.

Incluso, en febrero de 2016 se habló de que la Superintendencia de Sociedades había ordenado incluir tres lotes en el inventario de bienes de DMG también para reparación. Los terrenos, de acuerdo con El Espectador, están ubicados en el norte de Bogotá y fueron avaluados en 70.000 millones de pesos, pero a última ahora la firma Colbank alegó que era la dueña de esos lotes e inició una batalla jurídica para no entregarlos.