El Gobierno se pronunció de esta manera después de que el fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que la Jurisdicción Especial para la Paz [JEP] podría abrir la puerta para que los disidentes de las Farc no sean extraditados.

Según  Martínez, la reforma constitucional que creará la JEP no es clara en decir que los beneficios penales solo aplicarán para los guerrilleros que se desmovilicen de forma efectiva.

En respuesta, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz emitió un comunicado para asegurar que “las disidencias de las Farc no podrán acceder a los tratamientos penales especiales” de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues así fue acordado en La Habana con la guerrilla.

El texto del Gobierno concluye con lo siguiente:

Cualquier delito que cometan los miembros de las FARC después del 1 de diciembre del 2016, salvo los estrechamente ligados con el proceso de dejación de armas, no podrán ser objeto de ningún tratamiento penal especial”.