Espinosa, con base en un informe del concejal Manuel Sarmiento, explica que a pesar de que el Distrito “se encarga del mantenimiento de la infraestructura, del aseo y de la seguridad” en Transmilenio, de cada 100 pesos que le entran al sistema, 90 son para los operadores privados, “5 para la empresa de recaudo y 5 para Transmilenio”.

“Así que cuando Gustavo Petro ganó la Alcaldía de la ciudad, muchos pensamos que había llegado el momento de renegociar esos contratos leoninos y poner punto final a los abusos de los operadores privado”, dice el periodista, en su columna de El Espectador.

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Sin embargo, Petro, en 2013, decidió prorrogarles los contratos de la Fase 1 a los operadores, pese a que tuvo más de un año “para organizar una nueva licitación y mejorar las condiciones para los usuarios y para la ciudad”.

Además, añade Espinosa, la vita útil de los buses aumentó (ahora pasa el millón de kilómetros, como el vehículo que se incendió a principio de este año) y la ciudad aún les paga a los privados por la inversión que hicieron para los articulados.

Peñalosa, por su parte, decidió no aplicar la licitación que Petro había dejado para nuevos contratos de la Fase 2 de Transmilenio, y “volvió a prorrogar” los contratos anteriores, dice el periodista, y concluye:

“Tal parece que en algunas cosas no hay diferencia entre los dos”.

Espinosa publicó su columna en medio de un ambiente de críticas a Petro por sus supuestas simpatías políticas, pero decidió distanciarse: “Yo prefiero hacer otra”, escribió el periodista en Twitter.

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