La Sala de Casación Penal del alto tribunal consideró que no era posible probar la responsabilidad de Suárez como “gestor de la desmovilización, (ni que) sostuviera conversación con el testigo Libardo Duarte o participara en el transporte de armas, como tampoco amenazado a testigos para que no declararan acerca del asunto”.

La entidad denunció “serios vacíos importantes” en la investigación y en la corroboración de los hechos, según el boletín oficial.

El exmilitar estaba acusado de “fraude procesal, peculado por apropiación a favor de terceros, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y tráfico de armas de uso privativo de las fueras militares”, reseña CM&.

El magistrado José Luis Barceló explicó al informativo citado que la Fiscalía basó su hipótesis en el “poco creíble testimonio de Libardo Duarte y de otros testigos de oídas”.

Semana destaca que Suárez Tocarruncho es “el general procesado más cercano al expresidente Uribe” y recordó que por este caso también está bajo investigación el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo.

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