Las 12 campesinos fueron desaparecidos por las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, en la vereda La Esperanza (Carmen de Viboral, Antioquia), que entraron a la zona con el apoyo y la autorización de miembros de la Fuerza Pública, dice la CorteIDH en su fallo.
Los paramilitares creían que esas personas eran simpatizantes o colaboradores de los grupos guerrilleros que actuaban en la región, dice la corte.
El Estado colombiano reconoció su responsabilidad en algunos aspectos, pero negó que los hechos hayan ocurrido con la complacencia de las autoridades estatales hacia los paramilitares.
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Sin embargo, la Corte concluyó en el fallo que “las desapariciones forzadas ocurridas en la vereda La Esperanza son atribuibles al Estado” debido al apoyo de integrantes de las Fuerzas Armadas a las autodefensas.
Los jueces también encontraron al Estado colombiano responsable por la violación al derecho al acceso a la justicia, a la integridad personal, al de la propiedad e inviolabilidad del domicilio de los familiares de las víctimas.
La CorteIDH ordenó a Colombia que continúe las investigaciones y los procesos judiciales en curso; que realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; y que brinde el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a las víctimas.
El Estado también deberá “efectuar una búsqueda rigurosa por las vías pertinentes, en la cual realice todos los esfuerzos para determinar, a la mayor brevedad, el paradero de las doce víctimas cuyo destino aún se desconoce”, señala la sentencia.
Además, Colombia deberá levantar un monumento en memoria de las personas desaparecidas y ejecutadas; otorgar becas para realizar estudios en una universidad pública a los hijos de las víctimas que así lo soliciten; y pagar indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial.
EFE
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