La semana pasada la Corte Constitucional publicó la sentencia que dio vía libre a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Uno de los puntos que más molestó a la Farc fue el que establecía cambios en la aplicación de la extradición, pues era avalada ante la reincidencia de cualquier delito.
En los últimos días, esa organización publicó varios comunicados criticando ese texto, y alertó que el Estado colombiano no estaba cumpliendo lo que se había acordado en La Habana. Motivados por ese texto, la Farc envió una carta a la ONU denunciando las fallas en la implementación del acuerdo final y les pidió reuniones al presidente Juan Manuel Santos, y a la fiscal de la de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda.
El pasado viernes, el alto tribunal publicó una fe de erratas admitiendo que el primer texto era un borrador de lo que se discutió, y no el texto definitivo que fue aprobado.
En el nuevo documento la Corte corrigió los errores y señaló: “Se publica nuevamente el comunicado n.° 55, correspondiente a la sesión de Sala Plena del 14 de noviembre de 2017, debido a que, por error de transcripción, se distribuyó formalmente una versión previa a la que fue finalmente aprobada. La versión que ahora se publica corresponde exactamente al texto que circuló en la noche del martes 14 de noviembre, con la adición del número de comunicado, el número de sentencia y la firma del presidente de la Corte”.
Ante esto, el alto comisionado de paz, Rodrigo Rivera, informó: “Nosotros tuvimos una reunión el viernes pasado donde [los integrantes de la Farc] plantearon todas sus críticas, estaban realmente muy molestos con la decisión de la Corte, pero hasta ese momento el comunicado que seguía vigente era el equivocado. Fue horas más tarde, al final de la tarde, donde salió el nuevo comunicado y después de eso no hemos tenido ninguna otra reacción”, dijo en Blu Radio en referencia al texto equivocado en el que había por lo menos unas 500 diferencias en párrafos que se modificaron, quitaron o agregaron.
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Otros cambios
El comunicado errado no definía quién revisaría la posible pérdida de beneficios o derechos políticos para los desmovilizados que incumplan con los compromisos de paz. En el nuevo se aclara que está sujeta “a la verificación por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz”.
En el texto correcto también se establece que “el paso de la justicia ordinaria a la alternativa abre también la posibilidad de que los desmovilizados participen desde ya en política”, y que los “civiles involucrados en delitos de guerra y lesa humanidad no podrán ser obligados a comparecer ante la nueva justicia, pues esa es una decisión que debe ser voluntaria”, indicó El Tiempo.
En lo referente al sistema al que se someterán exguerrilleros y militares acusados de cometer delitos graves en el marco del conflicto armado, había modificaciones de lo firmado con el gobierno de Juan Manuel Santos en noviembre de 2016.
El fallo excluyó de la obligatoriedad de someterse a la JEP a “agentes estatales no militares y a terceros responsables de graves crímenes”, lamenta Londoño en la misiva que escribió a la fiscal Bensouda.
Sin embargo, “algunos de los puntos del primer comunicado se mantuvieron, como la voluntariedad de los terceros para someterse a la JEP y que la Corte seleccione tutelas contra fallos de la misma Jurisdicción Especial de Paz”, señaló la emisora.
Finalmente, en ese medio Rivera anunció que el encuentro del presidente Santos con la Farc se daría el viernes, pero falta la confirmación de Rodrigo Londoño ‘Timochenko’.
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