Se espera que para el 12 de diciembre el alto tribunal tenga definida su posición y, de ser afirmativa, se empiecen a tramitar todos los proyectos que dan garantías jurídicas a los guerrilleros y mandos medios, explica El Espectador.

El periódico reveló que existe una grieta en el consenso entre lo togados. Unos esperan que el pueblo vuelva a las urnas para votar el nuevo acuerdo, mientras que otros magistrados se aferran a la idea de que el Congreso es la vía idónea para la refrendación del mismo.

Si se elige la vía ordinaria, es decir, a 8 debates por cada ley tramitada, el riesgo de que los acuerdos se desvirtúen entre sesión y sesión es muy grande. Además, esta sería la oportunidad que esperan los partidarios del ‘no’ para introducir nuevos cambios al documento final.

Mientras tanto, el Gobierno aguarda hasta conocer qué directiva toman los magistrados antes de empezar a tramitar las 50 leyes que se requieren para regular la implementación de los nuevos acuerdos, agrega el mismo medio.

Si la Corte decide que el Congreso legisle las leyes de la paz mediante la vía ordinaria, entonces el proceso con las Farc entraría en una etapa destructiva que podría amenazar, según dicen sus propios comandantes, con enviar de regreso al monte a la guerrilla para combatir, recoge Semana.  

De todas formas, muchos esperan que la Corte Constitucional ayude al ejecutivo a que el Congreso apruebe el mecanismo de la vía rápida ‘fast track’ para que el clima de confianza entre las partes se mantenga.

Por ese camino, la primera ley que sería aprobada con urgencia correspondería a la del indulto y la segunda sería la integración de los acuerdos al bloque constitucional, algo que ha sido ampliamente controvertido por el partido Centro Democrático y algunas voces de Cambio Radical, del vicepresidente Germán Vargas Lleras.

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