Quien sea autorizado para acogerse a la JEP, siempre y cuando cuente toda la verdad, recibirá una pena de entre 5 y 8 años de restricción de libertad, según lo acordado en La Habana.
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en un fallo citado por Noticias RCN y Noticias Caracol, dice que la seguridad democrática de Álvaro Uribe tenía como objetivo luchar contras las Farc y otros grupos armados, por lo que se puede enmarcar en el contexto del conflicto armado, de modo que se puede relacionar con la JEP.
Los exministros Diego Palacio y Sabas Pretelt de la Vega fueron condenados a 6 años y 8 meses de cárcel, y el exsecretario general de Presidencia Alberto Velásquez, a 5 años, justamente por buscar la reelección de Uribe a través de favores para que 2 excongresistas (Yidis Medina y Teodolindo Avendaño) cambiaran su voto en una reforma a la Constitución.
Palacio pidió entrar a la JEP al considerar que el delito que cometió está relacionado con el conflicto, pero en mayo de este año le negaron la solicitud.
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Entonces, decidió poner una tutela que llegó a la Corte Suprema. Ahora la Corte le ordena al Tribunal Superior de Bogotá que tenga en cuenta sus argumentos para determinar si Palacio puede o no acogerse a la JEP.
En ese sentido, explica RCN, el exministro” podría beneficiarse de la libertad condicionada que permite la ley de amnistía”.
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