La información fue confirmada este jueves por Caracol Radio, que advirtió que entre los implicados hay tres exgerentes de la Empresa de Acueducto: Jorge Enrique Pizano, Luis Fernando Ulloa (en la administración de Samuel Moreno) y Diego Bravo (de la administración de Gustavo Petro).
Asimismo, la medida cobija a Jaime Díaz, Nelly Pérez Ulloa, Juan Carlos Quijano, Jaime Humberto Mesa, Julián Montoya y Carlos Alberto Acero, que ejercieron como gerentes y directivos de área, según ese medio.
En cuanto a los procesos de responsabilidad fiscal, la emisora detalla que son dos: “El primero es por el contrato original de esta obra por 242.000 millones y que se entregó en un 95 %. El segundo, por 16.000 millones de pesos por el contrato que se firmó para terminar el restante 5 % del interceptor Tunjuelo – Canoas”.
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La investigación de la Contraloría también busca esclarecer el pago de 9.122 millones de pesos para extraer una maquinaria que era de Odebrecht y que quedó en la obra cuando esta se paralizó. También, dice Caracol Radio, otro pago de 7.271 millones de pesos a la firma brasileña “por perjuicios derivados de la actuación ineficiente de la empresa (Acueducto) que no permitieron terminar con el contrato firmado en 2009”.
La hipótesis que busca demostrar la Fiscalía es que “se presentaron irregularidades a través de un acuerdo entre altos funcionarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, miembros del Consorcio Canoas y el Consorcio Interventor Canoas y personas externas, entre quienes se encontrarían Emilio Tapia, Manuel Castro, Andrés Cardona y Orlando Fajardo, quienes habrían pactado el pago de comisiones o dádivas que terminarían por beneficiar a servidores públicos, tales como los hermanos Moreno Rojas”, se lee en un boletín de prensa.
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