El Ministerio de Defensa y el Ejército, por este asesinato, deben pagarles a los familiares de los jóvenes más de 2.500 millones de pesos, explica el Consejo de Estado.

Además, tienen que enviar copia de la sentencia condenatoria al Centro de Memoria Histórica y publicarla y difundirla “por todos los medios de comunicación” (redes sociales, página web, etc) durante un año.

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El asesinato de los jóvenes, relata el Consejo de Estado, ocurrió así: un desmovilizado del Eln los engañó diciéndoles que fueran a una finca ubicada en zona rural de Ibagué para sacar una guaca.

Llegaron a una hacienda llamada ‘Los Mangos’. Allí, soldados del batallón CR. Jaime Rooke mataron a los jóvenes y “los presentaron como integrantes de grupos del crimen organizado sospechosos de preparar un plan para secuestrar al dueño” de la finca, dice el Consejo de Estado.

Por esa razón, además, el Ministro de Defensa y los comandantes de las Fuerzas Militares y del batallón deben pedir perdón a los habitantes del barrio donde vivían los jóvenes.

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