La Sala de Casación Penal probó la alianza de Almario, exrepresentante a la Cámara, con el Bloque Caquetá de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y el Frente Sur Andaquíes, cuando operaron en el departamento del Caquetá (sur) entre 2001 y 2006.
Según las investigaciones los paramilitares “convinieron” con Luis Fernando Almario promocionar esos grupos “como estructuras de poder que ejercían dominio en la zona para lograr notoriedad como consecuencia de su expansión, someter a la población y ganar espacios sociales y políticos”, dijo la Corte en un comunicado.
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La Corte recordó que los pactos entre altos representantes de las instituciones y grupos armados “configuraron maneras muy particulares de cooptación del Estado, con la finalidad de usar la función pública al servicio de la causa paramilitar y promover la acción del grupo ilegal”.
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