“Es un programa integral en el que a través de la sustitución hay un desarrollo del territorio”, indicó Rafael Pardo, alto consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, en rueda de prensa en Bogotá.

El gobierno y las Farc indicaron en un comunicado que con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) inicia la implementación del cuarto punto del acuerdo de paz firmado en noviembre para superar medio siglo de conflicto armado.

El programa se ejecutará durante su primer año en 40 municipios, que actualmente producen más del 50% de la cocaína de Colombia, agregó Pardo.

El cumplimiento de la meta (de erradicar 50.000 hectáreas en 2017) demandará más de un billón de pesos este año”,

explicó Pardo, quien aseveró que los recursos son del presupuesto nacional aunque también esperan apoyo internacional.

El programa arrancó esta semana en los departamentos de Vichada y Caquetá , añadió el funcionario, cuya oficina estará a cargo del mecanismo.

Por su parte, el comandante guerrillero Pastor Alape dijo en la misma rueda de prensa que las Farc “tendrán la responsabilidad” de acompañar y promover “de manera directa” y desarmados la llegada de la iniciativa a los territorios más afectados por la guerra.

“En todo lo que tiene que ver con la línea de sustitución, participan los campesinos para definir, con base en los suelos, los climas, los cultivos que se van a desarrollar”, aseguró.

“Más efectivo”

Según Pardo, el gobierno mantendrá la erradicación forzosa, aunque aspira a que la “alternativa” de sustitución sea “el instrumento predominante de reducción” de cultivos ilícitos.

“Sustituir puede ser mucho mejor por costo-eficiencia que erradicar”, agregó, al señalar que la aspersión aérea cuesta 20 millones de pesos (unos 6.800 dólares) por hectárea para acabar una de las cuatro o cinco cosechas anuales de coca.

Colombia espera erradicar y sustituir 100.000 hectáreas en 2017. La aspersión aérea con glifosato está suspendida desde 2015 por problemas ambientales y de salud.

El proyecto no acogerá a cultivadores que hayan sembrado después del 10 de julio de 2016, cuando gobierno y Farc empezaron con la sustitución voluntaria de plantaciones en el municipio de Briceño, Antioquia, según el documento.

El gobierno condicionó su apoyo al cumplimiento por parte de los campesinos del abandono inmediato de los cultivos ilícitos y actividades relacionadas.

El primer año, los pobladores que se acojan a la medida -con cultivos o sin cultivos ilícitos- recibirán un millón de pesos por sustituir las plantaciones, preparar la tierra para siembras legales o trabajar en obras de interés comunitario.

También recibirán, por una vez, entre 800.000 pesos y nueve millones de pesos (entre unos 272 y 3.000 dólares) para implementar proyectos autosostenibles y de seguridad alimentaria.

A partir del segundo año, el gobierno invertirá por familia hasta diez millones de pesos (unos 3.400 dólares) en iniciativas productivas y para sufragar mano de obra. Además, se creará una línea de crédito especial y se brindará asistencia técnica.

Las Farc, principal y más antigua guerrilla del país, ha reconocido haberse financiado con actividades relacionadas con el narcotráfico, como el cobro de impuestos a cultivadores de coca, base de la cocaína.

Pero en el pacto de paz, la guerrilla aceptó desvincularse del negocio de la droga, combustible de la conflagración interna desde los años 1980.

Colombia es el principal cultivador mundial de hoja de coca, materia prima de la cocaína, con 96.000 hectáreas de sembradíos, y también el mayor productor de esa droga con 646 toneladas en 2015, según la ONU.

Con AFP

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