Colombia, tercer país de A. Latina que más gastó en un software espía

Así lo asegura un informe realizado por la organización 'Derechos Digitales' y publicado esta semana.

 

Colombia gastó 1’185.000 euros —más una cuota de 35.000 euros para mantenimiento anual— por la licencia de uso del Remote Control System (RCS), un ‘software’ capaz de acceder a contraseñas, mensajes, correos electrónicos, contactos, llamadas y grabaciones, entre otra información, que estén en un computador o un teléfono, dice el documento.

Inicialmente, la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, en 2013, le compró este programa a la empresa Robotec por 335.000 euros, añade el informe, con base en datos de la Fundación Karisma. La vigencia de ese contrato termina en 2016.

“Posteriormente compró otra licencia de 850 mil euros a la empresa Nice y además pagaron 35 mil euros por concepto de mantenimiento anual”, agrega el documento.

El RCS fue creado por una empresa italiana cuestionada llamada ‘Hacking Team’, explica el informe, y concluye lo siguiente:

El software de Hacking Team es contrario a los estándares legales de cada país, y además violatorio de los derechos a la privacidad, a la libertad de expresión y al debido proceso”.

Además de Colombia, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, México y Panamá compraron licencias para usar este programa.

De acuerdo con el informe, esos países gastaron lo siguiente por el ‘software’:

  • México: 5’808.875 euros
  • Chile: 2’089.000 euros
  • Panamá: 750.000 euros
  • Ecuador: 535.000 euros (mantenimiento anual por 75.000 dólares)
  • Honduras: 355.000 euros
  • Brasil: 42.900 euros (mantenimiento anual por 25.000 euros)

La noticia sobre los contratos colombianos con esta empresa se conocía desde julio del año pasado, cuando se filtraron varios documentos de ‘Hacking Team’.

En ese momento, El Espectador publicó dos artículos sobre el tema (‘El software espía de la Policía‘ y ‘Un mundo de chuzadas‘), y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y Karisma le pidieron a la Policía aclarar su relación con la empresa italiana.

Sin embargo, el caso volvió a mencionarse esta semana cuando Derechos Digitales publicó el informe con datos consolidados de la compra del programa en América Latina.

El informe, además, tiene por objetivo demostrar que el uso del ‘software’ es ilegal en los países de la región.

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