Este lunes, los colombianos celebran el primer cuarto de siglo de vida de su carta democrática, en medio de una gran expectativa por el devenir político que le espera al país por el eventual acuerdo definitivo con las Farc y que pondría fin a más de 52 años de confrontación armada.

A la Constitución de 1991 se le deben grandes avances (pero también enormes frustraciones) en el reconocimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos, la diversidad étnica, cultural y religiosa, y la creación de mecanismos de protección como la acción popular, la acción de cumplimiento y la acción de tutela.

Fue la materialización del sueño común de “la noble y poderosa idea de que Colombia es un Estado Social de Derecho“, sostiene el editorial de El Espectador. 

También la formalización de organismos como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Judicatura (cuestionada por todos, pero protegida por los altos tribunales) y la misma Corte Constitucional, recuerda el diario capitalino.

Pero desde luego, el ordenamiento constitucional ha sido importante porque, por primera vez en la vida política del país, se introdujo al ordenamiento constitucional “el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas, los mecanismos de participación ciudadana, la independencia del Banco Emisor (Banco de la República), la libertad de cultos”, indicó el diario.

Sumado a que con la nueva Constitución se acabó con el régimen impuesto por el estado de excepción o estado de sitio (mediante el cual los gobiernos de turno podían identificar a los “enemigos públicos” del Estado y actuar sobre ellos) y ayudó a “una mayor distribución de poderes, el manejo de las regiones que recuperen sus riquezas, elección de mandatarios locales”, señaló a Caracol Radio Humberto de la Calle, actual negociador del Gobierno en La Habana y exministro de Gobierno de César Gaviria en la época de los hechos.

Incluso, la Constitución del 91, que surgió en un contexto de divisiones y guerras irreconciliables entre el Estado, las mafias, las guerrillas, la clase política y sectores contestatarios, sirvió para unir al país entorno a la misión de conseguir la paz, como una obligación y un deber de todos:

“La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, dice el artículo 22 de la carta.

Por eso hoy, al igual que hace 25 años, al llamado a la paz antecede un cambio en Colombia, no solo en la política, sino en el ambiente previo a la incorporación de la mayor guerrilla del país a la vida social, democrática y económica de la nación.

Y aunque los contextos no son iguales, los protagonistas y las circunstancias vigentes prevén que la paz con las Farc consolidará el espíritu que le dio vida a la Constitución de 1991.

“La estructura de la Constitución nació como un tratado de paz. Recordemos que ese fue el fundamento de la Corte Suprema de Justicia en el año de 1991 para darle vía libre a este mecanismo: la Constitución es un tratado de paz”, añadió el jefe negociador.

Solo basta con recordar que el Partido Revolucionario de los Trabajadores (Prt), el Epl, el Quintín Lame y el M-19 se sumaron como constituyentes a la Asamblea Nacional en vigencia de los acuerdos políticos que se suscribieron con el Gobierno y en los que tuvo mucho que ver Humberto de la Calle.

Aunque a la hora de los balances, la Constitución se convirtió en una estructura jurídica incómoda para “la clase política tradicional que no le cayó muy bien tanta reforma y ha sido la Corte Constitucional la que ha salido a defenderla en toda su dimensión”, aseguró El Espectador.

Pero sobre todo, y esto es un uno de los mayores lunares de la Constitución del 91, la falta de voluntad política ha hecho que en buena parte de la carta política de los colombianos aún se siga leyendo la aclaración tácita de que “la ley reglamentará la materia” y en esas han casi muerto el Estatuto de Oposición o el Estatuto del Trabajo, destacó el diario capitalino.

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