La Corte Interamericana de Derechos Humanos había dado un plazo de 2 años al estado para desembolsar “100.000 dólares por cada una de las once desapariciones forzadas, 80.000 dólares para las parejas o hijos de cada víctima y 40.000 dólares para hermanos”, recordó Blu Radio.

Sin embargo, los trámites exigidos por el Ministerio de Defensa como “exigir la declaratoria de muerte presunta de una víctima desaparecida” u ordenar a los beneficiarios tramitar las suceciones de los miembros del grupo familiar fallecidos, han frenado las indemnizaciones, lo que se convierte en una revictimización, a juicio de la CIDH.

Por esta razón, la CIDH exigió al Estado colombiano cumplir con los compromisos adquiridos, a través de una carta enviada el 7 de febrero, y publicada esta semana por Blu Radio.

El Estado debe garantizar tales indemnizaciones, de tal forma que debe asegurar que no resulten o se traduzcan en una carga adicional de carácter económico a las víctimas”, indica el documento.

El Estado deberá, además, “expedir una resolución que aclare el monto de las reparaciones”, según agrega la carta.

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