Por eso, el director de ese Centro de Estudios Jurídicos, César Rodríguez, cuestionó en la W Radio el nuevo Código de Policía que empezó a regir este lunes.

“El Código carece de normas más específicas para controlar el poder especial. Todos los colombianos y colombianas vamos a estar expuestos a un régimen de rastreo sin controles”, manifestó Rodríguez.

Esto, según dice a la emisora, porque el artículo 139 cataloga como público el espacio electromagnético, lo que de tajo acabaría con la privacidad del ciudadano así sea sin orden judicial.

“Las ‘chuzadas’ pueden ser el resultado, no se establece ningún protocolo y ningún control (…) Comunicaciones entre familiares y amigos pueden ser monitoreadas. Si los oyentes han visto la película ‘Snowden’ sabemos qué puede pasar con esa cantidad de datos en manos de personas que los utilizan de manera desmedida”, agregó Rodríguez.

Si bien Rodríguez considera que el uso de cámaras en buses y vehículos de transporte puede ser una forma de combatir la criminalidad, también advierte que se pretenda convertir el uso de datos e información privada en un tema público.

Asimismo, cita la emisora, el inconformismo de Dejusticia gira en torno a que el artículo 139 obligue a “registrar todos los IMEIS de los celulares, robados o no, en una base de datos con la dirección y el teléfono de contacto del propietario, y a la que podrán acceder todas las autoridades”.

Además de estos puntos clave, el investigador de Dejusticia Sebastián Lalinde hizo un análisis al nuevo Código y encontró que aunque la Policía como cuerpo de seguridad es muy importante para el desarrollo de una sociedad, lo malo es cuando “no tiene límites ni controles efectivos”, según cita El Espectador.

“Esto sucede con el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes y de quienes se ganan la vida cantando, recitando poemas o vendiendo dulces en el transporte público, quienes serán reprimidos por la Policía sin antes ofrecerles una reubicación o una alternativa laboral, como lo ha ordenado la Corte Constitucional”, manifiesta Lalinde.

Finalmente, agrega el impreso, las críticas apuntan también a que será legal “esconder a los indigentes para que invitados a eventos internacionales no los vean”, mientras que en el caso de la protesta se exige dar aviso suscrito a las autoridades “por al menos tres personas, lo que les impide mantenerse en el anonimato en un país en el que hay evidencia empírica de represalias ilegales en contra de manifestantes pacíficos”.

De todas formas, el presidente Juan Manuel Santos anunció que era necesario actualizar el Código de Policía y que con ello no se busca “encarcelar más gente, sino fomentar respeto y convivencia”.

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