Los policías, integrantes de esta red delincuencial, aprovechaban la cercanía que tenían a la Oficina Teletemática de la institución, para revisar de manera ilegal la base de datos donde aparece el estado de la documentación obligatoria de los vehículos que transitan en el país.

“Se determinó que un funcionario del Centro Estratégico de Información de la Policía Nacional, con sede en Bogotá, accedía a las claves del QHRUN, un sistema para realizar consultas sobre los vehículos que transitan en el territorio nacional”, señaló la Fiscalía.

Con la información obtenida, los acusados conformaron una empresa criminal en asocio con un agente de Tránsito de la ciudad de Barranquilla (Atlántico).

Este sería el encargado de contactar a los demás policías para ofrecerles el servicio y cobrar dinero a cambio de darles la información de los vehículos que circulaban con el Soat y la tecnomecánica vencida, indicó el ente acusador:

La estructura delictiva contactaba a policías de Tránsito y de vigilancias de los cuadrantes, y les ofrecían el servicio ilegal por tarifas diarias de 30.000 y 60.000 pesos”.

Lo anterior, permitía a los corruptos uniformados hacerle seguimiento a los conductores infractores, para luego detenerlos y exigirles dinero y así no les inmovilizarían sus vehículos.

A los 18 involucrados se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por omisión, peculado por uso, abuso de funciones públicas y acceso abusivo a un sistema informático.

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