La investigación que abrió la Fiscalía partió de una denuncia interpuesta por la Misión de Observación Electoral (MOE), que advirtió sobre “presuntas maniobras ilícitas para frenar la revocatoria” del mandato de Echeverry Solano, el pasado 2 de julio de 2017.
Por eso, el organismo investigador confirmó a través de un comunicado que entre las artimañas a las que habría acudido el hoy detenido alcalde están:
- Pago de dinero en efectivo (para que no votaran en su contra)
- Intimidación a empleados y funcionarios
- Utilización de planes de gobierno
- Retención de cédulas
Entre las pruebas también están unas conversaciones en las que, según informó W Radio, el alcalde de Barrancabermeja (Santander) manifiesta la necesidad de acudir “hasta a integrantes de grupos armados ilegales” con tal de impedir que la población saliera a votar.
De hecho, la Registraduría informó en ese momento (julio de 2017) que de las 169.907 personas habilitadas para sufragar solo 16.902 ejercieron su derecho al voto. Es decir, un 9,96 % del censo electoral.
De esos votos solo 15.347 fueron por el ‘sí’ a la revocatoria, pero el mecanismo no prosperó ya que se necesitaban 44.242 votantes para ‘tumbar’ al mandatario.
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Junto a Echeverry también fueron capturados Christian Juliao Camacho (director del Instituto para el Fomento del Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Física de Barrancabermeja – Inderba), Jhon Jairo Moros Renales (líder político) y Mariluz Núñez Herrera (gestora social del municipio).
Núñez Herrera es, según la emisora, la esposa de Echeverry, y también está inmersa en la investigación por actos de corrupción en esa alcaldía.
Cabe recordar que en diciembre de 2017 el periodista Alberto Donadío denunció en W Radio irregularidades en contrato(s) firmados por esa alcaldía por 1.100 millones de pesos, supuestamente para dictar talleres de pintura, música, folclor y de cuentería a más de 3 mil niños (840 por tema) de la ciudad.
Donadío también se refirió al silencio que guardan periodistas en Barranca sobre posibles actos de corrupción en la alcaldía, y señaló que si no hablaban públicamente del tema “debe ser que todos, o casi todos, tienen contratos con la Alcaldía porque ninguno se ha ocupado del tema y el alcalde no responde”.
Así las cosas, la Fiscalía les imputará delitos de “perturbación al certamen democrático, constreñimiento al sufragante, corrupción de sufragrante y concierto para delinquir”, y pedirá medida de aseguramiento para los involucrados.
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