Y lo que los transportadores quieren es que salgan de circulación cerca de 50.000 camiones que figuran como “mal matriculados”, pero que el Ministerio de Transporte quiere “normalizar” en una especie de amnistía que ha sido vista como inconstitucional.

El Decreto 153 del 3 de febrero de 2017 busca eliminar las “malas prácticas” con las que se han registrado esta clase de vehículos desde 2005 hasta 2013.

Es decir, mediante la vía de la legalización acabar con irregularidades tales como falsedades, suplantaciones y fraudes procesales, según un informe de mayo del año pasado publicado por Caracol Radio.

Por supuesto, el Gobierno negó que este decreto estuviera abriendo la puerta a la ilegalidad y se comprometió, hace un año, a socializar con los camioneros los alcances jurídicos de los mecanismos de normalización.

Sin embargo, para Luis Orlando Ramírez, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), el problema no es tanto que se legalicen a los irregulares, sino que el decreto “no es contundente en lo que se necesita, que es sacar esos carros mal matriculados”, comentó a El Espectador.

“El decreto debería ser solución para bajar la sobreoferta, pero no es así, dilata y da prioridad a que ingrese dinero y no a que se baje la sobreoferta”, añadió el dirigente gremial al periódico.

En esencia, el decreto del Gobierno les da un año a los propietarios de estos camiones (unos 50.863) a que se pongan al día, paguen las cauciones a que haya lugar y obtengan las certificaciones necesarias para seguir operando.

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