Los hechos ocurrieron entre los años 2014 y 2016, cuando la mujer trabajaba con esa entidad y aumentaba el número de semanas de cotización a usuarios que no tenían el derecho a una pensión por vejez, informó la Fiscalía.

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Las autoridades asociaron 174 casos de este tipo, de los cuales se presume que Carvajal Lizcano tendría injerencia por lo menos en 27.

La mujer no aceptó los delitos de los que se le acusa, que incluyen estafa agravada, concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema de información, violación de datos personales agravado, falsedad material en documento público y fraude procesal.

Sin embargo, fue trasladada a la Cárcel el Buen Pastor de Bogotá, para cumplir con la medida de aseguramiento.