La situación quedó registrada en un video en el que se observa cuando un hombre intimida a un conductor de Cabify, y lo señala de estar trabajando bajo la ilegalidad.

“Lo que no se ve en el video y que estratégicamente el taxista no grabó, es que antes de eso lo tenían rodeado y lo habían amenazado con romper las ventanas de su vehículo, por lo que nuestro conductor se comunicó con nosotros y acudimos a apoyarlo en compañía de la policía. Después de una larga discusión entre ellos (taxistas), la policía y nosotros, el usuario, quien es empleado de una empresa que ha contratado de manera legal nuestro servicio corporativo, se vio obligado a terminar su recorrido hacia su destino caminando”, manifestó Camilo Sarasti, director de Cabify en Colombia, mediante un comunicado.

La empresa aprovechó la situación para denunciar que no es la primera agresión que se registra contra sus empleados, y aseguró que está “debidamente habilitada por el Ministerio de Transporte”.

“Desde que, en junio de este año, las secretarías de Movilidad y el gremio de taxis decidieron crear los mal llamados ‘cuadrantes de tránsito’, nuestros conductores han sido víctimas de ataques físicos y verbales que comprometen su seguridad”, agregó Sarasti en el boletín.

Además, cuestionó que mientras sus empleados están en riesgo por esta situación “Gobierno y taxistas se reúnen a definir el futuro de las plataformas tecnológicas, siendo los segundos nuestros principales detractores”.

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Aunque Sarasti no lo menciona, un ejemplo podría ser el acuerdo al que llegaron funcionarios de la Alcaldía de Bogotá, policías y taxistas para “‘pillar’ vehículos con Uber y Cabify” en la ciudad, según reportó, en junio, Blu Radio.

“Vamos a reforzar ese grupo especial (cuadrantes) que ya existe y la idea es que podamos habilitar una línea que nos puedan informar que haya servicio ilegal dentro de la ciudad”, manifestó en ese momento el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, citado por la emisora.

Así las cosas, Cabify espera que se frenen estas intimidaciones y que las autoridades encuentren una solución con “igualdad de condiciones para todos los jugadores”, ya que a su juicio el usuario debe sentirse seguro y ver en el transporte “una solución, no un riesgo”.

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