Biólogos tendrán que pagar por estudiar biodiversidad nativa del país

Así lo establece un decreto del Ministerio de Ambiente que ordena cancelar una “tasa compensatoria” por cada especie que capturen.

 
AFP

Por primera vez el Gobierno Nacional empezará a cobrar  por la cacería de especies con fines científicos y esta decisión no fue bien recibida por la comunidad académica del país.

“Eso es devolvernos 20 o 30 años en temas de investigación. Y los más afectados serán los pequeños grupos que no tienen suficiente dinero para financiar sus estudios. Parece que no hubieran escuchado a la academia”, afirmó el experto en anfibios, Andrés Acosta, a El Espectador.

Aunque para el Ministerio de Ambiente el costo a pagar es mínimo, menor al 1 %  del presupuesto asignado para cada investigación, según un estudio de impacto económico y análisis jurídico que hizo la entidad, la comunidad científica afirma que es “ilógico tener que pagar por estudiar la biodiversidad”.

“Nos están poniendo un título de cazadores, cuando no lo somos. Lo que hacemos es intentar obtener la mayor cantidad de información posible para que luego el mismo Gobierno incorpore elementos de gestión”, afirmó a ese diario Luz Fernanda Jiménez, profesora del Instituto de Biología de la U. de Antioquia.

Los académicos se sienten asaltados porque esta medida no fue consultada con ellos durante las reuniones previas a la formulación del decreto, informó el diario capitalino.

Entre tanto, el Ministerio se defiende diciendo que “la medida está enfocada a la preservación de especies y a generar recursos que irán destinados a su protección”, dijo Mauricio Mira, director de la oficina de Negocios Verdes y Sostenibles del Ministerio, a El Espectador.

El decreto contempla la caza científica con fines comerciales, la recolección de especímenes silvestres y la caza científica para estudios ambientales, explica el decreto que fue sancionado por el presidente Juan Manuel Santos.

Además, el decreto ministerial eleva al nivel de infracción ambiental la cacería de especies silvestres y establece una fórmula para calcular la tarifa mínima a cobrar, pero está pendiente de ser regulada mediante una resolución.

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