Agrega que entre las 14 modalidades de pena válida están: La construcción y reparación de infraestructuras, programas de acceso a agua potable y construcción de redes o limpieza, erradicación de restos explosivos de guerra y otros, publica El Espectador.

Resalta que las penas no son irrelevantes, pues consisten en la realización de trabajos de reparación y restauración de conformidad con un plan riguroso. “Y tienen restricciones de libertades y derechos, como la libertad de residencia y movimiento hasta por ocho años”.

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En cuanto a las críticas hechas por José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, quien insiste que en este pacto no hay justicia, pero si impunidad, Gallón respondió en la entrevista hecha por el diario: Creo que su mirada se fija más en el análisis de cada delito considerado separadamente que en el conjunto del proceso.

Gallón espera que Vivanco aprecie mejor los elementos del acuerdo orientados a hacer realidad el derecho a la justicia, al mismo tiempo que el acuerdo no es  violatorio del principio de proporcionalidad de las penas, expresó a la periodista Cecilia Orozco.

Enfatiza en que es lógico que un acuerdo de paz no implique la pérdida de derechos políticos, pues un acuerdo de esta naturaleza supone, necesariamente, el reconocimiento de los derechos políticos de quienes han hecho la guerra para obtenerlos o recuperarlos, indicó en este medio.

Aclaró, por último, que delitos como los falsos positivos, ejecutados por agentes estatales, no hacen parte del conflicto sino que son violaciones de derechos humanos  y actos de corrupción y, entonces, no caben en la Jurisdicción Especial para la Paz.

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