Gobierno no protege a civiles ni responde a nuevas amenazas tras Acuerdo de Paz

Otros grupos guerrilleros y paramilitares se disputan el control de varias zonas del país afectando los derechos humanos de la población.

Activistas a favor de la paz.
Activistas a favor de la paz.| AFP

Así lo asegura Amnistía Internacional, al analizar los “escasos efectos” que ha tenido la implementación del proceso de paz en diferentes regiones, a un año de haberse firmado el documento final.

“Aunque haya disminuido el número de muertes de civiles desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las Farc, el conflicto armado sigue siendo en gran medida una realidad para millones de personas en todo el país”, afirmó Salil Shetty, secretario general de la organización, al presentar el informe ‘Continúan los años de soledad’.

Según los resultados, las autoridades no han adoptado medidas adicionales para que estos grupos armados ilegales “dejen de aterrorizar a la gente”, por lo que están garantizando la “aplicación adecuada del acuerdo”.

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“Colombia se encuentra en una gran encrucijada. Si el gobierno no aprovecha esta oportunidad para proteger a las comunidades que llevan tanto tiempo sufriendo el terror de los grupos armados,  el futuro seguirá siendo sombrío”, agregó Shetty.

Los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes son los que más se están viendo afectados por la ausencia del Estado y se han visto obligadas a huir de sus hogares. Miles de personas están expuestas a “dejar atrás sus medios de subsistencia sin protección ni apoyo del Gobierno”. A esto también se suma la persistencia de la violencia de género, aunque muchas mujeres y niñas temen hablar públicamente de los abusos.

Defensores y defensoras de los derechos humanos y dirigentes comunitarios han denunciado abusos, amenazas, e incluso han sido asesinados, por lo que terminaron desplazados en “zonas peligrosas situadas en las proximidades, con frecuencia a alojamientos abarrotados, sin acceso a agua corriente, sin comida suficiente y sin perspectivas de volver a sus territorios”, dice el informe.

Una de los departamentos más afectados es el Chocó, eje central del estudio. Allí, una indígena que ha sufrido desplazamiento forzado expresó: “Si [el Acuerdo de Paz] fuera veraz, no habría grupos armados en nuestra tierra. El gobierno llega a un acuerdo con las FARC pero, ¿qué pasa con el ELN, y con los paramilitares? El propio ejército, cuando acude al territorio, hace daño a la población indígena”.

“Las múltiples dificultades que entraña implementar este Acuerdo de Paz no pueden servir de excusa al Estado para no tomar medidas encaminadas a hacerlo efectivo y a mantener a salvo a la población civil”, puntualizó Shetty.

Las recomendaciones de Amnistía Internacional indican que la única forma de garantizar que no vuelvan a cometerse estos crímenes, es aplicar debidamente el Acuerdo de Paz y concentrarse en las víctimas. Además de “invertir más recursos en las unidades responsables de proteger a la población local, investigar los abusos y reconocer públicamente que los grupos paramilitares continúan activos en la zona serían primeros pasos muy acertados”.

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