Así lo plantea el columnista de El Espectador, quien agrega que el episodio tiene que servir para explorar y definir la ética de los abogados.

A propósito de este nuevo escándalo que tiene sacudido al país, la justicia tendrá que definir hasta dónde llega la labor de asesorar a alguien y cuándo se cruza el umbral de empezar a delinquir. No es lo mismo ser asesor que cómplice”,

dice.

La niña de 7 años apareció muerta en el apartamento del arquitecto Rafael Uribe Noguera, luego de haber sido presuntamente secuestrada por él mismo en un barrio popular cercano, tal como muestran los videos en los que aparece una camioneta de alta gama que él usaba.

En las primeras declaraciones del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, este aseguró que la escena del crimen de la niña fue alterada por terceros, señalamiento por el que están respondiendo sus hermanos, Catalina y Francisco, este último un reconocido abogado de la firma Brigard & Urrutia.

De acuerdo con información que reposa en el expediente, el cuerpo de la niña habría sido lavado y luego cubierto con aceite para borrar evidencia; su ropa ocultada en la cisterna del baño. Así mismo, el crimen no fue reportado sino casi 5 horas después de que los familiares llegaron al lugar de los hechos.

Los mismos familiares trataron de internar a Rafael en la clínica psiquiátrica Monserrat lo, que se acuerdo con analistas, buscaba invocar que Rafael estaba mentalmente afectado por una sobredosis de droga, por lo que sería inimputable. Pero existen indicios de que la sobredosis de cocaína con alcohol fue suministrada luego de haber cometido el crimen.

De acuerdo con el relato del columnista de La República Jorge Hernán Peláez, la familia Uribe Noguera ya planeaba esta estrategia jurídica al lado del cadáver de la niña Yuliana. Mientras Rafael —el presunto asesino— se encontraba con sus hermanos llamaron a varios reconocidos abogados.

Incluso el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana les sugirió nombres de potenciales defensores. Hablaron con Jaime Granados, Francisco Bernate, Iván Cancino y otros penalistas, que rechazaron el caso.

De acuerdo con Peláez, el lunes siguiente a que se conociera el caso Francisco habría llegado a ofrecer hasta un millón de dólares por la defensa en reuniones con al menos de 2 de estos superabogados, que buscaba que lo recluyeran en un centro siquiátrico o casa por cárcel, para alegar probablemente inimputabilidad por su estado mental.

Un abogado debe tener claro que debe asesorar y representar a su cliente, nunca convertirse en auxiliador, inspirador o ejecutor de sus conductas criminales, porque de hacerlo ya no está ejerciendo el derecho, sino transitando el Código Penal”,

dice Bejarano.

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