Debido a los 78 activistas que han perdido la vida en lo que va del año, ACNUR hizo la investigación por ser “un problema recurrente” en el país, y confirmaron que existe ese patrón de asesinatos, reveló William Spindler, portavoz de la agencia.
Aseguró que es una situación “alarmante”, y confirmó que se ha registrado un “incremento en el número de asesinatos y amenazas a defensores de los derechos humanos y líderes comunitarios”, en los últimos tiempos.
El pasado 17 de octubre, grupos armados sin identificar mataron a José Jair Cortés, líder de la comunidad afrocolombiana de Alto Mira y Frontera en Tumaco, y que estaba bajo protección policial.
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Desde ese momento, otros siete líderes han sido asesinados y muchísimos más amenazados, según los datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En total, en lo que va de año 78 activistas han sido asesinados y se sospecha de otros 13 casos de muertes violentas, dado que muchos familiares no denuncian los crímenes por miedo a represalias.
Cortés era líder del Consejo Afro-Colombiano de la región del Pacífico, una comunidad que ha sufrido desplazamiento masivo y confinamiento forzado.
“Los que están confinados han sido forzados por grupos armados. No pueden moverse, con lo que no pueden acceder a sus fuentes de ingresos que derivan de la pesca o la agricultura”, explicó el portavoz.
Consultado sobre qué grupos están llevando a cabo estos abusos, Spindler dijo que “es muy difícil de saber”, dado que en la región operan desde grupos guerrilleros de la izquierda radical no desmovilizados, a paramilitares, pasando por narcotraficantes.
“Y también hay criminales sin ninguna afinidad política operando, es muy difícil determinar quién actúa y dónde. En muchos casos la actividad criminal se ha incrementado en el último caso porque el vacío dejado por la desmovilización de las Farc no ha sido llenado por el Estado”.
Spindler alertó de que el ACNUR teme que los desplazamientos y confinamientos aumenten dada las actuales disputas por el control del territorio entre distintos grupos armados.
Es por ello que solicitó al Gobierno colombiano que envíe a la región más fuerzas policiales para proteger unas comunidades de por sí muy vulnerables, evitar asesinatos y abusos, y prevenir nuevos desplazamientos.
Con EFE.
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